(Una versión de este texto fue publicado por El Diario de las Américas el 27/03/2014)
La última esperanza de Gustavo Petro, el alcalde de Bogotá recientemente destituido de su cargo, se llama Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). Este organismo autónomo, adscrito a la Organización de Estados Americanos (OEA), cimentó su prestigio durante las dictaduras militares de los años 70 y 80 en Argentina, Brasil, Uruguay o Chile. Y también por su papel en los conflictos centroamericanos, documentando y denunciando numerosas matanzas de campesinos y comunidades indígenas.
Ahora, la mayoría de países de América Latina no quiere lecciones en materia de derechos humanos. La destitución de Petro (un ex guerrillero del M19) y su inhabilitación política a cargo públicos para los próximos 15 años fue aprobada la semana pasada por el presidente de Colombia, Juan Manuel Santos.
Para ello, Santos tuvo que pasar por encima de una medida cautelar otorgada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). Esta institución de la OEA está compuesta por dos cuerpos legislativos: una Comisión que se encarga de estudiar todas los denuncias formuladas por personas o instituciones del continente y otorgar medidas cautelares; y una Corte (Corte IDH), la cual establece un fallo y medidas de protección si fuesen necesarias.
Las sentencias son de carácter obligatorio e inapelables, pero en la realidad muchos estados miembros no acatan el dictamen, o simplemente lo ignoran. Normalmente, el proceso es lento y puede demorarse varios años, desde que la Comisión recibe y acepta la denuncia, hasta que la Corte emite un veredicto. En numerosos casos, la CIDH ha permitido la restitución de la justicia en ciudadanos latinoamericanos cuyos derechos habían sido violados.
Al igual que Colombia, Ecuador también mantiene fuertes discrepancias con la CIDH. El opositor Clever Jiménez y otros dos ecuatorianos condenados por injurias contra el presidente Rafael Correa también recibieron medidas cautelares de la CIDH. Pero su canciller, Roberto Patiño, aseguró que Ecuador no aceptaría el fallo de la Comisión hasta que la Corte no emitiera su dictamen definitivo.
Los más sonoros en sus críticas son los miembros de la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América (ALBA), a coalición izquierdista que lideran Venezuela y Cuba. Pero también gobiernos derechistas o más conservadores como los de Colombia, Perú y Brasil quieren desmontar un mecanismo que ha ganado prestigio e influencia en la protección de los derechos humanos en América Latina.
El fallecido presidente Hugo Chávez fue uno de sus mayores censores. En 2012, el líder bolivariano anunció que Venezuela se retiraría de la "inefable" Corte Interamericana de Derechos Humanos "por dignidad". También acusó al organismo de apoyar "al terrorismo en el nombre de los derechos humanos". La salida de Venezuela del Sistema Interamericano de Derechos Humanos nunca se materializó, pero ya existe un precedente en la región: el Perú del dictador Alberto Fujimori (1990-2000).
Las principales críticas contra la CIDH son muy diversas, aunque la mayoría de los gobiernos disparan contra la supuesta influencia de Estados Unidos en la OEA. También acusan a la institución de estar politizada, que sus resoluciones violan la soberanía de los Estados y que está en manos de funcionarios internacionales que se extralimitan en sus funciones.
Lo que más preocupa a los funcionarios de la OEA es que Brasil, el país de mayor influencia en la región, se haya sumado a esta corriente crítica. La CIDH emitió una medida cautelar contra la construcción de una gran represa hidroeléctrica en el Amazonas por su posible impacto sobre algunas comunidades indígenas. En represalia, el Gobierno de Dilma Rousseff retiró a su embajador ante la OEA y suspendió el pago de sus cuotas durante varios meses. Desde entonces, Brasil vierte críticas moderadas contra la Comisión, y ha solicitado en varias ocasiones su reforma.
El irrestricto apoyo de Brasil a Venezuela en el Consejo Permanente de la OEA, donde se aprobó por 22 de los 32 votos que la intervención de la diputada opositora María Corina Machado fuera a puertas cerradas, es un síntoma de esta corriente. En juego está un sistema que ha denunciado y reprendido a distintos gobiernos de América Latina por violar los derechos humanos de sus ciudadanos durante los últimos 60 años.
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