Cómo afecta la escasez de dólares en Venezuela y Argentina

(Una versión de este texto fue publicada en El Mundo el 20/04/2014)

Dos hermanos de origen español, que son socios y se dedican a la importación de ropa en Venezuela han tenido que cerrar de manera temporal el negocio. 

En su galpón de Parque Central en Caracas no hay mercancías, y la provisión de camisas y pantalones de su almacén se acabó a finales de enero. Los dos meses de protestas y enfrentamientos en la calle entre la policía y la oposición han paralizado la economía venezolana. Pero el país caribeño afronta un problema estructural mucho más complejo: la escasez de dólares y el desabastecimiento por las distorsiones domésticas. 

El sector automotriz es el mejor ejemplo. Ante la falta de componentes, Venezuela ensambló 1.721 unidades entre enero y febrero, frente a los 7.762 coches en el mismo periodo de 2013. 

El control de divisas es un mecanismo utilizado por economías cerradas y proteccionistas para limitar las importaciones y evitar la salida de dólares. Venezuela implementó esta medida en 2003, luego de un paro petrolero que vació las reservas del Banco Central. Mientras que Argentina aprobó un sistema similar en 2011, poco después de que Cristina Fernández de Kirchner fuese elegida presidenta para un segundo mandato.

En mayor o menor medida, ambas economías muestran ahora los mismos signos de enfriamiento. Los problemas para acceder a divisas extranjeras y el gasto monetario han disparado la inflación (58% en Venezuela; 30% en Argentina). Y es probable que ambos países entren en recesión en 2014, dejando atrás un ciclo de crecimiento gracias al boom de sus principales productos de exportación; el petróleo en Venezuela y la soja en Argentina.

Las estadísticas oficiales en Venezuela muestran que en 2013 la oferta de dólares al sector privado sufrió una merma de 25% y, fuentes empresariales aseguran que el Gobierno de Nicolás Maduro suspendió la entrega de divisas desde el pasado mes de noviembre.

La reservas del Banco Central de Venezuela también han perdido terreno; desde los 29.750 millones de dólares a principios de 2013 hasta los 20.700 millones en la actualidad por un reajuste del sector externo. Lejos quedan esos años de bonanza petrolera entre 2006 y 2009, cuando el ex presidente Hugo Chávez se ufanaba de contar con 45.000 millones de dólares en reservas.

  

La esperanza para reactivar la economía venezolana son las nuevos mecanismos de subastas de dólares: el Sicad I, y el nuevo Sicad II. "Es un sistema que intenta reflejar mejor la oferta y la demanda del mercado. Se ha logrado bajar ligeramente la cotización del bolívar en el mercado negro, aunque parece algo lento. Recién ahora se están realizando las primeras transacciones de la primera subasta (Sicad2), aprobada hace casi un mes y medio", explica Federico Barriga, analista para América Latina en The Economist Intelligence Unit (EIU).

DEMANDA INFINITA

Aparte de estos problemas de implementación, el sistema plantea otras dudas. "No hay reglas claras en las subastas. El Gobierno decide sin ningún criterio a cuánto se está transado el dólar. Tampoco está siendo muy exitoso porque las industrias venezolanas siguen con problemas de suministro", agrega Barriga.

Según distintas estimaciones, el Banco Central necesitaría inyectar entre 30 ó 40 millones de dólares al día para reactivar la economía (unos 600 millones al mes). Aunque la demanda de dólares en Venezuela podría llegar a ser infinita. La deuda con todo el sector privado alcanza los 10.000 millones de dólares. Sectores como la telefonía (con Telefónica como principal afectada), las aerolíneas (Iberia y Air Europa) y la banca (BBVA) tienen congelados la repatriación de beneficios desde hace varios años. "El gobierno no tiene capacidad para cancelar todas estas deudas", apunta Barriga.

El caso argentino es menos extremo, pero a la vez más delicado. Argentina no controla el flujo de divisas de la soja como lo hace el Gobierno venezolano con la renta petrolera. Tampoco tiene fondos alternativos de financiación (como el fondo chino-venezolano) o la capacidad de endeudarse en los mercados internacionales. 

Para evitar futuras complicaciones, Buenos Aires está negociando con el Fondo Monetario Internacional (FMI) las garantías de una línea de créditos (el primero después de la crisis en 2001), el cual sería ejecutado por el Banco Mundial (crédito a países de renta media). Fuentes empresariales afirman que la deuda con empresas españolas también es un problema latente. 

Las mayoría tiene retenidos sus beneficios de 2013, mientras que los dividendos de 2012 sólo fueron repatriados por algunas de ellas. La única opción es utilizar el "contado con liquidación", un tipo de cambio que depreciaría sus beneficios en un 22,4% (de 7,96 pesos por dólar a 9,75). Ante esta situación, las empresas agudizan el ingenio. Los bancos BBVA y SCH, por ejemplo, han optado por invertir parte de sus pesos en el mercado inmobiliario para aumentar su red comercial o su patrimonio, y otras empresas dedicadas a la manufactura estudian exportar a otros países del Mercosur más atractivos.   

Al igual que en Venezuela, las reservas del Banco Central de Argentina se desplomaron en torno a un 40%, hasta 27.700 millones de dólares. Con la devaluación del peso a finales de enero y la entrada de los dólares de la soja, el Gobierno de Cristina Fernández ha logrado estabilizar sus niveles y recuperar algo de terreno. Pero no se sabe por cuánto tiempo.

Los países con los Gobiernos más populistas de la región han basado su crecimiento económico en la expansión fiscal y monetaria. Ahora, empiezan a pagar su desajuste económico.

La guerra que Chávez no quiere (o no quiso) ver

(Una versión de este texto fue publicado por El Mundo el 20/11/2008)

María Elena Delgado sostiene una foto de su niña pequeña con lágrimas en los ojos. "Fue la voluntad de Dios, fue la voluntad de Dios", repite esta caraqueña de 54 años, que ha visto como tres de sus hijos fueron asesinados por delincuentes de la zona.

La precaria casa de cemento y techo de zinc donde vive está situada en el sector La Virgen de Petare, un suburbio del este de la capital que se asienta sobre los cerros del valle. 

Su hija se llamaba Norka, tenía 12 años y regresaba de la escuela para comer en casa. A plena luz del día, dos bandas estaban solventando sus diferencias a tiro limpio, y uno de los maleantes utilizó a Norka de escudo. Una bala perdida impacto en su cabeza. 

Su hijo, Erasmo José, de 12 años, también fue asesinado en un ajuste cuentas, mientras que a Willmer, de 39 años, lo mataron para robarle su moto. "Al de 39 años lo asesinaron en 1991, y a los otros dos en 2000 y en 2004. La inseguridad siempre ha sido un problema, pero desde hace cinco años los barrios están controlados por las mafias y la droga". 

Un año después de la muerte de su tercer hijo, la mala suerte se volvió a cebar con María Elena. Durante unos aguaceros perdió la mayor parte de su casa en un deslave. Ahora vive, junto a su marido y su hijo pequeño, en una estrecha habitación donde el baño está delimitado con una cortina de plástico.

"Cuando hay tiroteos la policía nunca está, y cuando viene es peor, porque luego llegan las represalias", dice esta mujer de pelo mal teñido y optimismo inquebrantable, al tiempo que acomoda en su boca un inhalador para el asma.

La inseguridad es el principal problema de los venezolanos, seguido de la inflación, el desempleo y la corrupción. Los cinturones de miseria en las grandes ciudades y los estados fronterizos del interior, donde operan grupos irregulares colombianos, son las zonas más castigadas por esta guerra silenciosa que se cobra más víctimas que el conflicto de Colombia.

Cuando Chávez fue elegido presidente en 1998, el número de muertos por la delincuencia no llegaba a 6.000. El año pasado, se produjeron 13.200 homicidios, el 30%, en Caracas. Eso da un promedio de 130 homicidios por cada cien mil habitantes. La tasa en Bogotá, por ejemplo, una ciudad que tradicionalmente era considerada más peligrosa, es de 19 por cada cien mil.

El 70% de estos muertos son asesinados los fines de semana, y afectan sobre todo a hombres menores de 24 años, con mujer e hijos.

Delgado prepara un café chorreado en su oxidada cocina, mientras explica quiénes son las temidas bandas del barrio.

"Mira… La viste ahí parada", dice Delgado refiriéndose a un grupo de cinco chavales apostados en una de las esquinas de la calle. "Todos son así", retrata, "niños de entre 14 y 18 años que controlan la venta de drogas y están armados hasta los dientes".

Para detener esta sangría, el Gobierno ha realizado inútiles campañas para vigilar la seguridad de los autobuses de línea y las rutas escolares. Desde hace tres años, tampoco facilita a los medios de comunicación el parte de muertos del fin de semana para evitar las "informaciones alarmistas".

Hombres de negocios que llegan al aeropuerto o turistas que veranean en yates de recreo por el Caribe venezolano también sufren este flagelo, y son asaltados e incluso asesinados. La semana pasada, una mujer estadounidense fue tiroteada en el Parque Nacional de Mochima (este), mientras paseaba en su barco de vela.

Chávez, que rechaza de plano utilizar grupos militares de choque como los que operan en las favelas de Río de Janeiro, ha sido incapaz de poner fin a la violencia callejera, lo que afecta a su popularidad en las principales ciudades del país como Caracas, Valencia o Maracaibo. La barriada de Petare, uno de los bastiones caraqueños del chavismo, es el mejor ejemplo. Y puede que el próximo domingo pase a las manos de la oposición por este motivo.   

Las causas de la violencia son las mismas que en Brasil o México: la pobreza, la miseria, la desigualdad social, la impronta del narcotráfico… Aunque, algunos especialista en la materia también añaden la nefasta influencia de los discursos bélicos y castrenses de Hugo Chávez. "Cuando el presidente exhorta a los barrios a tomar un fúsil para combatir contra el Imperio (Estados Unidos) es un lenguaje en el que cualquier opositor se convierte en enemigo, en el enemigo interno", explica Roberto Briceño, director del Observatorio Venezolano de Violencia. 

El aspecto clave de este quiebre social, añade Briceño, sería la ambigüedad frente a la violencia. "Por un lado se habla del desarme de la población, pero por el otro hay una política armamentística y estamos comprando fusiles para las milicias y (el Gobierno) entrena militarmente a civiles".

América Latina reniega de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos

(Una versión de este texto fue publicado por El Diario de las Américas el 27/03/2014)

La última esperanza de Gustavo Petro, el alcalde de Bogotá recientemente destituido de su cargo, se llama Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). Este organismo autónomo, adscrito a la Organización de Estados Americanos (OEA), cimentó su prestigio durante las dictaduras militares de los años 70 y 80 en Argentina, Brasil, Uruguay o Chile. Y también por su papel en los conflictos centroamericanos, documentando y denunciando numerosas matanzas de campesinos y comunidades indígenas.

Ahora, la mayoría de países de América Latina no quiere lecciones en materia de derechos humanos. La destitución de Petro (un ex guerrillero del M19) y su inhabilitación política a cargo públicos para los próximos 15 años fue aprobada la semana pasada por el presidente de Colombia, Juan Manuel Santos. 

Para ello, Santos tuvo que pasar por encima de una medida cautelar otorgada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). Esta institución de la OEA está compuesta por dos cuerpos legislativos: una Comisión que se encarga de estudiar todas los denuncias formuladas por personas o instituciones del continente y otorgar medidas cautelares; y una Corte (Corte IDH), la cual establece un fallo y medidas de protección si fuesen necesarias. 

Las sentencias son de carácter obligatorio e inapelables, pero en la realidad muchos estados miembros no acatan el dictamen, o simplemente lo ignoran. Normalmente, el proceso es lento y puede demorarse varios años, desde que la Comisión recibe y acepta la denuncia, hasta que la Corte emite un veredicto. En numerosos casos, la CIDH ha permitido la restitución de la justicia en ciudadanos latinoamericanos cuyos derechos habían sido violados.

Al igual que Colombia, Ecuador también mantiene fuertes discrepancias con la CIDH. El opositor Clever Jiménez y otros dos ecuatorianos condenados por injurias contra el presidente Rafael Correa también recibieron medidas cautelares de la CIDH. Pero su canciller, Roberto Patiño, aseguró que Ecuador no aceptaría el fallo de la Comisión hasta que la Corte no emitiera su dictamen definitivo.

Los más sonoros en sus críticas son los miembros de la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América (ALBA), a coalición izquierdista que lideran Venezuela y Cuba. Pero también gobiernos derechistas o más conservadores como los de Colombia, Perú y Brasil quieren desmontar un mecanismo que ha ganado prestigio e influencia en la protección de los derechos humanos en América Latina.

El fallecido presidente Hugo Chávez fue uno de sus mayores censores. En 2012, el líder bolivariano anunció que Venezuela se retiraría de la "inefable" Corte Interamericana de Derechos Humanos "por dignidad". También acusó al organismo de apoyar "al terrorismo en el nombre de los derechos humanos". La salida de Venezuela del Sistema Interamericano de Derechos Humanos nunca se materializó, pero ya existe un precedente en la región: el Perú del dictador Alberto Fujimori (1990-2000).

Las principales críticas contra la CIDH son muy diversas, aunque la mayoría de los gobiernos disparan contra la supuesta influencia de Estados Unidos en la OEA. También acusan a la institución de estar politizada, que sus resoluciones violan la soberanía de los Estados y que está en manos de funcionarios internacionales que se extralimitan en sus funciones. 

Lo que más preocupa a los funcionarios de la OEA es que Brasil, el país de mayor influencia en la región, se haya sumado a esta corriente crítica. La CIDH emitió una medida cautelar contra la construcción de una gran represa hidroeléctrica en el Amazonas por su posible impacto sobre algunas comunidades indígenas. En represalia, el Gobierno de Dilma Rousseff retiró a su embajador ante la OEA y suspendió el pago de sus cuotas durante varios meses. Desde entonces, Brasil vierte críticas moderadas contra la Comisión, y ha solicitado en varias ocasiones su reforma.

El irrestricto apoyo de Brasil a Venezuela en el Consejo Permanente de la OEA, donde se aprobó por 22 de los 32 votos que la intervención de la diputada opositora María Corina Machado fuera a puertas cerradas, es un síntoma de esta corriente. En juego está un sistema que ha denunciado y reprendido a distintos gobiernos de América Latina por violar los derechos humanos de sus ciudadanos durante los últimos 60 años.

Roy Chaderton, la mano venezolana que mece la OEA

(Una versión de este texto fue publicada por El Diario de las Américas el 26/03/2014)

El petróleo que Venezuela vende a países aliados con precios subvencionados ayuda y mucho. Pero detrás de la victoria de Caracas en la Organización de Estados Americanos (OEA) hay un experimentado funcionario con un pasado ecléctico y maneras poco diplomáticas en las relaciones internacionales: Roy Chaderton.

Cuando algunos periodistas le preguntaron sobre los famosos de Hollywood que estaban criticando la crisis política, Chaderton acertó a decir: "[Hasta] Rihanna apareció preocupada por la situación en Venezuela. Estamos a la espera de algún comunicado de Justin Bieber". Era su irónica burla a algunos cantantes, como Madonna, Ricky Martin o Juanes, los cuales se asomaron a las redes sociales exhibiendo hojas escritas con la etiqueta #SOSVenezuela.

A principios de marzo, el Consejo Permanente de la OEA aprobó por 29 votos contra tres (EEUU, Canadá y Panamá) una declaración favorable al Gobierno venezolano. Venezuela también logró el viernes pasado que la diputada opositora, María Corina Machado, pudiera intervenir ante su Consejo Permanente. Primero, los funcionarios venezolanos -con Chaderton a la cabeza- forzaron que la sesión se celebrara a puertas cerradas con 22 votos a favor. Luego, bloquearon la intervención final de Machado, quien pretendía exigir a los gobiernos representados en la OEA (todos el continente americano, salvo Cuba) que invocaran la Carta Democrática.

Entre los 22 apoyos que sumó Caracas están los seis países del ALBA, más los países del Caribe y El Salvador, vinculados al comercio de Petrocaribe. Argentina, Uruguay y Brasil también mantienen una cierta proximidad ideológica con el Gobierno chavista, mientras que Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica, EEUU, Guatemala, Honduras, México, Panamá, Paraguay y Perú defendieron una sesión pública.

"Si bien Venezuela debe lidiar en el marco panamericano de la OEA con la presencia de EEUU y Canadá, esto no le impide reunir la mayoría suficiente para imponer sus puntos de vista", explicó en un reciente artículo Carlos Malamud, analista para América Latina del Real Instituto Elcano. "Pese a ello, [Venezuela] prefiere la UNASUR a la OEA -o incluso a la CELAC-, ya que en la primera le resulta mucho más sencillo alcanzar posiciones más favorables y con menos críticas", puntualizó.

A pesar de los continuos embistes de Caracas y sus socios contra la OEA, este organismo internacional ha reconocido la legitimidad del Gobierno de Maduro durante las protestas. A tal punto que el ministro de Exteriores de Venezuela, Elías Jaua, destacó “la nueva victoria internacional frente a la extrema derecha y el golpismo”.

Al termino de la sesión, Chaderton saludó a un grupo de opositores que estaban concentrados a las puertas de la OEA en Washington con una reverencia y la señal de la victoria. Mientras tanto, Machado era retenida durante una hora y media por los servicios de inteligencia en el aeropuerto de Maiquetía a pesar de tener inmunidad parlamentaria.

Abogado de formación, Chaderton, de 71 años, inició su carrera diplomática junto al partido democristiano, COPEI. Con el triunfo del expresidente Rafael Carrera en 1968, fue designado segundo secretario en la embajada en Polonia. Desde entonces, Chaderton ocupó destacados puestos en política exterior: viceministro de Relaciones entre 1994 y 1995 y luego embajador de Venezuela en Reino Unido entre 1996 y 2000.

Ya con Hugo Chávez en el poder, Chaderton desempeñó los cargos más importantes de su carrera: embajador en Colombia (2001-2002); ministro de Relaciones Exteriores (2002-2004); embajador en Francia (2004-2007), representante ante la ONU (2006) y embajador en México (2007-2008). En 2009, fue designado embajador ante la OEA, y meses después, Chávez propuso su nombre como embajador en Estados Unidos.

"Su lenguaje en las funciones diplomáticas está lleno de contradicciones y de oportunismo", explicó Milos Alcalay, exembajador de Venezuela ante la ONU entre 2001 y 2004.

"Esta forma escandalosa y poco diplomática de proceder se ha acentuado en sus ultimas funciones, puede que para agradar a los radicales del Gobierno y del Partido Socialista de Venezuela (PSUV). Algunos observadores lo ven como oportunismo", añadió. 

El principal problema de Chaderton es navegar entre dos aguas revueltas: "no es visto como chavista por los más radicales, y es muy criticado por la oposición por su lenguaje lleno de odio", subrayó Alcalay.

China, España y Brasil figuran entre los proveedores de armas para reprimir en Venezuela

(Una versión de este texto fue publicado por El Diario de las Américas el 13/04/2014)

El expresidente de Venezuela Hugo Chávez solía repetir que la revolución bolivariana era "una revolución pacífica, pero armada". En el último mes, muchas de esas armas compradas por su "revolución" para enfrentar supuestas invasiones del imperio estadounidense han salido a la calle. Pero el objetivo no eran las fuerzas de ocupación de los marines norteamericanos, sino sus propios ciudadanos.

Durante cuatro semanas de protestas y manifestaciones, las fuerzas de seguridad han utilizado una amplia variedad de armas antidisturbios (y en algunos casos también convencionales) de manera indiscriminada y desproporcionada, según denuncian distintas ONG venezolanas.

El caso más famoso es el sobrevuelo con fines disuasivos de los cazas rusos Shukois sobre el cielo de la ciudad de San Cristóbal (Occidente) el pasado 20 de enero, cuando miles de jóvenes universitarios de entre 18 y 24 años estaban cortando las calles y construyendo barricadas para enfrentarse a la policía.

La exhibición aérea castrense recibió críticas dentro de las mismas filas chavistas. El gobernador de ese estado andino, José Vielma Mora, reconoció en una entrevista de radio que "fue un exceso" estas maniobras militares, y dijo que fue una medida "innecesaria" y "un grave error".

Por primera vez desde su reciente adquisición, el Gobierno de Nicolás Maduro ha patrullado los barrios de clase media del país con el vehículo blindado chino Norinco VN4, adaptado para operaciones de orden público y comprado a la empresa estatal China North Industries Corporation (Norinco) a finales de 2012. 

Las nuevas tanquetas de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB), fáciles de identificar porque son de color blanco, llevan instaladas hasta tres cañones con gases lacrimógenos. Y algunas de ellas, modificaciones hechas en el Caribe, potentes altavoces que hacen sonar canciones progobierno y estrofas cantadas por Hugo Chávez para encrespar el ánimo de los manifestantes. 

Aparte de los 80 Norinco VN4 que ya ruedan en Venezuela, Caracas espera recibir en los próximos meses 31 unidades más de este blindado, 10 vehículos multifuncional de disuasión WTC-1 (antimotín con cañón de agua), y, otros diez vehículos portabarreras ABV 1, aunque el número de estos dos últimos modelos podría ser menor, según datos del Instituto Internacional de Estudios Estratégicos (IISS).

Además de este tipo de armamento antidisturbios, distintas ONG han documentado los excesos de la Policía y la Guardia Nacional para disolver las protestas, como el uso indiscriminado de gases lacrimógenos en zonas residenciales; los disparos con escopetas de perdigones a corta distancia o con perdigones adulterados; la presencia de cuerpos y armas no autorizadas en manifestaciones públicas (principalmente, el servicio de inteligencia, Sebin) y el acoso de grupos paramilitares chavistas armados con pistolas y armas cortas. También hay denuncias de cortes de luz en edificios y casas donde corrían a esconderse los manifestantes, detenciones arbitrarias de personas que no participaban en manifestaciones y agresiones físicas o psicológicas a medio centenar de detenidos.

"Existe una resolución aprobada en 2011, con parámetros precisos, que rige el comportamiento de los organismos de seguridad en las manifestaciones públicas", explicó Marino Alvarado, director de la ONG de Derechos Humanos Provea. Por ejemplo, "no se puede utilizar las bombas lacrimógenas para causar daños físicos o en zonas próximas a hospitales y escuelas, ni tampoco utilizar estas granadas de forma tan exagerada, ya tenemos cinco o seis heridos por impactos de este tipo de proyectiles. Tampoco la vieja costumbre de la Guardia Nacional de cambiar los perdigones de plástico por pequeñas metras [esferas] metálicas", lo que causó la muerte de Geraldine Moreno, una joven que recibió un disparo en el rostro el pasado 19 de febrero en la ciudad de Valencia (centro), añadió Alvarado.

Rusia y China son los principales proveedores de armas de la revolución bolivariana, pero otros países como España y Brasil también han contribuido a este despliegue de medios. España, por ejemplo, ha vendido regularmente armas a Venezuela desde 2006, como buques de vigilancia, equipamiento militar y abundante material antidisturbios. Sólo en el primer semestre del año pasado, España concedió seis licencias de material antidisturbios a la policía de Venezuela por 2,682 millones de euros, según el último informe disponible de la Secretaría de Estado de Comercio.

Brasil además, es el principal proveedor de gases lacrimógenos a través de la empresa Condor Non-Lethal Tecnologies.

El informe especifica que 16.036 euros corresponden a otro "tipo de material antidisturbios", en este caso "colorantes para la fabricación de artificios no letales", empleados en bombas lacrimógenas para marcar con colores amarillos o rojos a los manifestantes. La principal venta de armamento durante este período corresponde a "bloques para la construcción de un buque de vigilancia litoral” por 15,2 millones de euros.

Después de seis largas semanas de protestas contra el Gobierno de Maduro, la crisis política que atraviesa Venezuela ha dejado 29 muertos, más de 500 heridos y cerca de 1.600 detenidos.

¿Se acerca el fin del populismo en América Latina?

(Una versión de este texto fue publicado por El Diario de las Américas el 12/02/2014)

Los gobiernos más populistas de América Latina viven estos días su período más convulso. La derrota electoral de Rafael Correa en las ciudades más importantes de Ecuador; protestas y manifestaciones en la calle contra Nicolás Maduro en Venezuela; los problemas económicos de Argentina; las movilizaciones de indígenas en Bolivia contra el presidente, Evo Morales... ¿Está viviendo América Latina un cambio de ciclo político? ¿Estamos presenciando el principio del fin de la izquierda bolivariana?

La historia de la región durante el siglo XX puede aportar algunas pistas. América Latina es la tierra prometida del populismo como vehículo para generar cambios sociales. Desde que Juan Domingo Perón y Getulio Vargas alcanzaran el poder en Argentina y Brasil, respectivamente, en la década de los 40 y 50, el populismo ha sido una constante en la región. Entonces, Perón y Vargas apostaron por economías cerradas, en las que la industrialización de las ciudades y la limitación de las importaciones eran la base del crecimiento económico. Después del fracaso de este modelo y la implantación de sangrientos regímenes militares en la mayoría de países del Cono Sur, América Latina abrazó la democracia en la década de los años 80. 

Una nueva generación de presidentes populistas, que defendían las reglas del libre mercado y las bondades del neoliberalismo, ocuparon la silla presidencial: Carlos Andrés Pérez en Venezuela; Alan García y Alberto Fujimori en Perú, y Carlos Menem en Argentina, entre otros. La fórmula económica impulsada por el Consenso de Washington (con el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial a la cabeza) tampoco obtuvo los efectos esperados. La masiva crisis de deuda de la década de los años 90 lastró la economía de muchos países del Tercer Mundo (incluidos los asiáticos), y México, Argentina, Brasil contagiaron y hundieron las economías de mayor parte de la región.

El péndulo político en América Latina volvía a cambiar. En 1998, el expresidente Hugo Chávez lograba acceder al poder en Venezuela, después de comandar un fallido golpe de Estado seis años antes. Tras su elección, una nueva generación de jefes de Estado, identificados con la izquierda bolivariana y cercanos al régimen de Fidel Castro en Cuba, ocupaban la silla presidencial.

"Los líderes que hoy definimos como 'bolivarianos' van a continuar en la presidencia por el futuro inmediato, al menos durante esta década", opinó Alex Sánchez, analista del Council on Hemispheric Affairs, con sede en Washington.

"A pesar de las protestas en Venezuela, no creo que el presidente Maduro vaya a dejar el poder. En Bolivia, Evo Morales probablemente será reelegido en octubre de este año, y en Nicaragua, el Senado acaba de ratificar una enmienda a la Constitución para que Daniel Ortega vaya por una nueva reelección. Finalmente, es cierto que la era Kirchner en Argentina llega a su fin, ya que Cristina Fernández no va a poder cambiar la Constitución para presentarse en las elecciones de 2015, pero eso no significa que alguien de su partido o ideología no salga electo", opinó.

Sin embargo, Sánchez posee una visión más pesimista sobre el modelo económico implementado por los jefes de Estado identificados con la izquierda bolivariana.

"Creo que, en general, los líderes de la región tienen problemas para mantener el modelo económico bolivariano, aunque diría que éste cambia dependiendo del país", puntualizó. Por ejemplo, Evo Morales quería construir una carretera amazónica que sería positiva para el comercio, pero encontró fuertes resistencias entre los movimientos indígenas del parque natural TIPNIS. En Ecuador, Rafael Correa está dispuesto a explotar el parque natural Yasuni para obtener petróleo, a pesar del conocido desastre medioambiental que ocasionó Chevron en la cuenca amazónica de Ecuador, algo tremendamente impopular entre sus votantes.

Por otro lado, Ortega quiere atraer inversiones para construir el nuevo canal en Nicaragua y está tentando a compañías canadienses para explotar yacimientos de minería. Mientras que Argentina está revisando su política económica para evitar una nueva crisis económica, no está claro hasta qué punto Nicolás Maduro se mantendrá fiel al modelo económico heredado de Chávez.

En este punto coincide también el analista para América Latina de la firma basada en Londres IHS Country Risk, Diego Moya-Ocampos. "Es prematuro hablar de un fin de un ciclo, pero lo que está claro es que la administración irresponsable de las economías con los gobiernos más populistas están perdiendo base de apoyo y votantes", estimó. "Déficit fiscal, déficit de cuenta corriente, inflación, escasez de productos, desabastecimiento, distorsiones en la economía por los controles de precios... Son el resultado de estas políticas", concluyó Moya-Ocampos.