(Una versión de este texto fue publicado por el diario El Mundo el 27/01/2014)
Venezuela y Argentina presentan los índices de inflación más altos del mundo, junto a países como Bielorrusia (74,9%), Sudán (36,9%), Etiopía (34,2%) y Uganda (23,2%), según los últimos datos disponibles del Banco Mundial.
Ambos Gobiernos defienden que entre sus prioridades económicas está el mantener el precio de los alimentos y productos básicos a raya. Aunque sea a fuerza de decretos y argucias contables. En ocasiones, los gobiernos se ven tentados a utilizar maquillajes para manipular sus informes económicos: es lo que los anglosajones llaman 'cocinar' las estadísticas. Y Caracas y Buenos Aires han caído en esta tentación.
Argentina puede presumir de ser el primer país del mundo abroncado por el Fondo Monetario Internacional (FMI) por manipular el Índice de Productos Básicos (IPC) y su crecimiento económico.
Desde enero de 2007, el Gobierno de Cristina Fernández mantiene intervenido el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (Indec), tras haber removido a toda su cúpula y despedido a prestigiosos técnicos que elaboraban los datos de la inflación. Según cálculos privados, Argentina acumuló una inflación anual del 28% en 2013, la segunda más alta de América Latina después de Venezuela. Sin embargo, el Indec estima que el alza de precios anual es menor al 10%.
En 2011, el gabinete económico empezó a multar con hasta 120.000 dólares a las consultoras privadas que publicaran estimaciones del IPC. Por ejemplo, Ecolatina [fundada por el ex ministro de economía, Roberto Lavagna (2002-2005)], fue sancionada con 88.000 dólares por violar la ley de Lealtad Comercial y "difundir información inexacta".
El problema es mayor de lo que parece. Al manipular los informes económicos, inversionistas y ciudadanos no cuentan con información fiable de la situación real del país. Y los mercados internacionales huyen de los bonos argentinos por su falta de transparencia.
Después de perseverar durante cinco años haciendo trampas, los ortodoxos peronistas que lideran el equipo económico de Fernández van a cambiar de táctica. Presionado por el FMI, Buenos Aires presentará un nuevo sistema para calcular la inflación el próximo 14 de febrero, con el que esperan aplacar los ánimos de los mercados y atraer inversiones.
Una inyección multimillonaria
Argentina y el FMI mantienen una complicada relación desde que el organismo internacional inyectara un total de 96.000 millones de dólares para sacar a la economía argentina del abismo en 2001. El fallecido ex presidente, Néstor Kirchner, acusó entonces al FMI de fomentar la "dictadura económica" y anunció que la deuda argentina sería refinanciada, imponiendo una quita de hasta el 67% a los acreedores. La decisión de no pagar la deuda contraída por anteriores gobiernos disparó la popularidad de los Kirchner en el país, pero desde entonces muchos inversores se lo piensan dos veces antes de prestar dinero a Argentina.
En los últimos años, los Gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner han logrado mantener altos índices de crecimiento y bajos niveles de desempleo, pero a base de un fuerte intervencionismo estatal, aumento del gasto público e impuestos, y un creciente proteccionismo comercial para limitar las importaciones. También nacionalizaron el Fondo de Jubilaciones y Pensiones (AFJP) para obtener liquidez y pusieron fin a la independencia del Banco Central, además de expropiar y recuperar numerosas concesiones de empresas como Aerolíneas Argentinas, correos, ferrocarriles, el suministro de agua (AYSA) y el espectro radioeléctrico, entre otras.
La devaluación del peso realizada en esta semana, la flexibilización del control de divisas, los rumores de revisar los subsidiados precios de la luz, el gas y la gasolina, y el nuevo sistema para calcular la inflación apuntan a la misma dirección: Argentina está ajustando su modelo económico para evitar una nueva crisis económica.
La situación de Venezuela
Venezuela, por otro lado, parece dispuesta a copiar las malas artes argentinas para manipular su inflación.
A principios de enero, el Banco Central de Venezuela publicó el IPC de noviembre y diciembre de 2013 con tres semanas de retraso y datos incompletos, omitiendo figuras claves como la inflación subyacente (core inflation) y los índices de desabastecimiento. En octubre, el Banco Central reportó que 22 de 100 productos de la canasta básica eran imposible encontrarlos en los anaqueles, mientras que el índice de desabastecimiento había desparecido de los reportes de noviembre y diciembre.
Según los últimos datos publicados por el Banco Central, la inflación anual en Venezuela escaló hasta un 56,2% en diciembre de 2013, comparado con un 20,1% en diciembre de 2012. Sin embargo, muchos bancos de inversión y firmas de bolsa criticaron estas cifras, y publicaron sus propias previsiones ante la inconsistencia del reporte. Goldman Sachs, por ejemplo, afirmó que la inflación en Venezuela había alcanzado el 60%, un 3,8% más que la estimada por el Gobierno.
'La guerra económica'
Ante el torrente de críticas, el Gobierno de Venezuela ha defendido que la inflación de noviembre y diciembre fue controlada gracias a la "guerra económica contra la burguesía parasitaria". También alabó los descuentos ofrecidos antes de las últimas elecciones en el precio de lavadoras, televisiones de plasma y cocinas de muchos negocios intervenidos por "especular y acaparar" productos. Estos argumentos fueron desestimados por muchos analistas.
Los productos electrónicos representan sólo una pequeña proporción en el índice de precios comparado con los alimentos, la ropa y los servicios básicos, cuyo precios aumentaron en proporción con la devaluación del bolívar en el mercado negro.
Aún más difícil de defender fue la dilación de hasta tres semanas en publicar el último informe sobre la inflación. Las normativa del Banco Central obliga a la institución a emitir su boletín sobre los precios del consumidor en los primeros 10 día de cada mes.
En raras ocasiones, cuando existen problemas con las fechas en el calendario, su publicación se retrasa varios días. Pero nunca antes el Banco Central de Venezuela había tardado tres semanas en publicar las cifras, y dar a conocer los datos de la inflación de dos meses de manera simultánea. Puede que la clave esté en los últimos párrafos del informe de apenas 10 páginas del Banco Central, el cual concluye con alabanzas al Gobierno de Maduro por sus recientes decisiones políticas para construir "un nuevo orden económico".
